No cabe duda que la clase gobernante de México vive, al mismo tiempo, en dos mundos diferentes y opuestos diametralmente: el de la prédica y el de la práctica, es decir, el de las palabras que expresa y el de las acciones en las que incurre, que suelen no concordar con el discurso. Los actores políticos se desenvuelven en un escenario de simulación en el que priva la falta de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, interpretando una farsa que al siguiente acto se vuelve tragedia, ante unos espectadores que lejos de aplaudir, se incomodan con su actuación, pero no pasa de ahí, porque la mayoría ha sido incapaz hasta hoy, de echar a los malos actores y exigir un elenco a la altura de las expectativas de un público más activo que también quiere ser protagonista de esta obra llamada México, máxime que, según la Encuesta Nacional de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad 2014, realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el 80% de la población reporta que no se siente tomada en cuenta en las decisiones que toman los gobiernos.

Para ejemplificar el gran trecho que hay del dicho al hecho, el gobierno federal, desde el inicio del sexenio, estableció un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo organizaciones no gubernamentales, entre ellas Transparencia Mexicana, IMCO, Fundar, CIDAC y Artículo 19, acusaron a la administración de EPN de “achicar” o “rebajar” la reforma secundaria en la materia, con retrocesos como eliminar la obligatoriedad de transparentar la lista de beneficiarios de cancelaciones o condonaciones fiscales y la información de contratos petroleros; eliminar la protección a denunciantes de buena fe; ampliar las causales y los plazos de reserva de información de 5 a 7 años y contemplar sanciones contra funcionarios de los organismos garantes de la transparencia que revelen información que dañe a los sujetos obligados. ¿Qué le parece?

Por su parte, los señores legisladores pregonan en todos los medios y los foros a los que asisten, que también para ellos es prioritaria la transparencia y la rendición de cuentas; sin embargo, solo cuatro de los 628 diputados federales y senadores accedieron a hacer públicas sus tres declaraciones: fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, para mostrar su compromiso contra la opacidad, por lo que se pudo saber, por primera vez, que los senadores ganan un total anual de 2 millones 585 mil 585 pesos brutos, es decir, 215 mil mensuales, cuando públicamente sólo reportan los 120 mil netos. Incluso en sus declaraciones patrimoniales, la mayoría consignó que ganaba un promedio de 90 mil pesos al mes.

Otro par de botones de muestra del hondo abismo existente entre la prédica y la práctica es el tema de la deuda de Coahuila, que el actual gobierno del estado prometió no incrementar, pero ayer se publicó que el Congreso estatal recibió una solicitud de la administración de Rubén Moreira para contratar un nuevo pasivo que, primero se informó, sería destinado a la construcción y mantenimiento del Puente Piedras Negras II y hoy se publica que será para la creación de un cuartel militar en la misma ciudad fronteriza, además de la línea de crédito solicitada el año pasado por 2 mil 500 millones de pesos para el pago a proveedores. Y el que es, tal vez el mejor ejemplo de simulación e incongruencia: el de varios artículos de nuestra Constitución Política que ayer cumplió 98 años, entre varios relacionados con el trabajo, la salud, la educación y los derechos humanos que, en teoría es una de las legislaciones más avanzadas del mundo, no así en la práctica.

Definitivamente amigo radioescucha, tiene razón Jaques Rogozinski, al escribir en Reforma: “Un grupo que permanece demasiado tiempo en el poder tiene una alta probabilidad de facilitar y participar de la simulación, la opacidad y la corrupción. Pero una sociedad deshonesta prolonga por mucho más tiempo los comportamientos nocivos”; por lo tanto no tiene la culpa la clase política que incurre en esas conductas negativas, sino la ciudadanía que lo permite al no recordarle que ella es la que manda y los gobernantes quienes deben obedecer a su mandato. Cuando la comunidad pensante y actuante de este país nuestro logre imponer este precepto esencial de la democracia, podremos aspirar a poner un “hasta aquí” a la simulación y la incongruencia.