Torreón, Coahuila (16/02/2016).- Coahuila, podría tener una ley que evitará el conflicto de intereses y obligará a los proveedores del Gobierno del Estado el cumplimiento de un código de conducta.

Para esto, las diputadas locales, Georgina Cano y Sonia Villarreal, presentaron una iniciativa ante el Congreso del Estado, donde proveedores o contratistas declaren si existe relación personal, familiar o de negocios con funcionarios que tengan participación en el procedimiento de contratación de bienes o servicios, tanto municipales como a nivel estado.

Esta legislación, contempla estrictas penas para los servidores públicos que realicen estas negociaciones de manera ilícita. También, se establecerá una sanción de seis meses a seis años de prisión, más la multa correspondiente.