La violencia familiar sigue siendo uno de los problemas que más preocupan en La Laguna, porque ocurre en espacios que deberían representar seguridad y confianza. Por ello resultan especialmente relevantes los resultados de la segunda etapa del Modelo de Prevención de la Violencia Familiar impulsado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y la Fundación del Empresariado Coahuilense al suroriente de Torreón. El diagnóstico realizado en cinco mil 767 viviendas reveló que tres de cada diez personas encuestadas dijeron haber sufrido algún tipo de violencia en el hogar.
Más allá de la contundencia de esa cifra, el estudio permite observar algunos factores que ayudan a comprender mejor el problema. Uno de cada dos entrevistados relacionó la violencia familiar con la disponibilidad y consumo de alcohol, mientras que en la zona se detectó aproximadamente un establecimiento dedicado a su venta por cada mil 300 habitantes. No se trata, por supuesto, de establecer explicaciones simples para un fenómeno complejo, sino de identificar circunstancias que pueden favorecerlo. Allí radica precisamente el valor de los diagnósticos serios.
También merece reconocimiento la manera en que fue planteada la intervención. El proyecto trabajó sobre cuatro ejes —concientización, deconstrucción, cohesión familiar y justicia con proximidad— mediante talleres, ferias de servicios, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. La segunda etapa alcanzó directa e indirectamente a tres mil 973 personas y, durante siete meses, las ferias de servicios permitieron integrar 50 expedientes para dar seguimiento a víctimas de violencia. Son cifras importantes porque muestran que la participación ciudadana organizada puede avanzar más allá de la denuncia pública.
La sociedad civil no pretende sustituir las responsabilidades de las autoridades, pero sí puede contribuir a identificar problemas, experimentar soluciones y demostrar qué intervenciones producen resultados. De hecho, CCI Laguna y la Fundación del Empresariado Coahuilense plantean que la experiencia pueda eventualmente convertirse en una política pública de mayor alcance y replicarse a escala metropolitana. Sería deseable que así ocurriera, siempre que la evaluación confirme su efectividad, porque enfrentar la violencia familiar requiere coordinación permanente entre autoridades, organizaciones ciudadanas, escuelas, instituciones de salud y las propias comunidades.
Definitivamente, amigo radioescucha, cada esfuerzo dirigido a prevenir la violencia familiar merece nuestra atención y nuestro reconocimiento, especialmente cuando nace del compromiso ciudadano y se construye sobre información, evaluación y cercanía con las personas. No podemos acostumbrarnos a que la violencia forme parte de la vida cotidiana ni resignarnos a intervenir únicamente después de que ha ocurrido. Prevenir significa detectar riesgos, modificar conductas, fortalecer vínculos familiares y ofrecer ayuda antes de que una situación escale a niveles por todos indeseados.