El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila está en tela de juicio: siendo garante del cumplimiento de la ley, paradójicamente incurrió en la ilegalidad. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió al Poder Judicial del estado no invertir en Ficrea, porque, como Sofipo, Sociedad Financiera Popular, está impedida a captar recursos gubernamentales. Lo más grave es que ya desde 2011, la principal irregularidad que dicha Comisión le notificó a Ficrea en una visita de supervisión fue la inversión que tenía del máximo Tribunal de Justicia coahuilense. Especialistas en litigio, como Adriana Soltero, del despacho Soluciones Jurídicas, lamenta: “Cómo es posible que siendo los encargados de impartir justicia, ellos mismos contravengan la ley”. Juez juzgado: justicia devaluada.
La Comisión advirtió a Ficrea que no podía captar recursos como los del Poder Judicial de Coahuila pero la Sofipo burló la vigilancia y disfrazó sus operaciones. Jaime González Aguadé, presidente de dicha Comisión, durante su comparecencia ante legisladores de la Permanente del Congreso explicó que Ficrea iba poniendo parches a sus operaciones pero no corregía sus problemas. Expuso: «en las observaciones previas que hicimos a la Sofipo le dijimos que las operaciones que estaba realizando con la arrendadora Leadman no las podía hacer. Fueron observadas por la comisión antes de 2014».
Cabe recordar que el Poder Judicial de Coahuila invirtió cerca de 90 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, bajo el argumento de que Ficrea mostró documentos que aseguraban que contaban con el permiso de la Comisión Bancaria para contratar con entidades públicas, por lo que el presidente del Tribunal, Gregorio Pérez Mata aseguró que presentará una denuncia contra Ficrea por mentir sobre el permiso para recibir depósitos de entidades públicas. Analistas coinciden en que aquí se incurrió en dos errores reprobables: que no es función del Poder Judicial especular con fondos públicos y que el titular del máximo Tribunal del estado debería conocer los pormenores de la ley de las Sofipos.
El editorial de Vanguardia se pregunta: “¿Entonces los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado se encontraban al tanto de las observaciones de la autoridad reguladora y, pese a ello, persistieron en su conducta de apostadores? ‘El buen juez por su casa empieza’, reza con sabiduría la voz popular. Lo ocurrido con el caso Ficrea parece dejar claro que el Poder Judicial de Coahuila no puede ser considerado un buen juez, pues sus integrantes no pueden, bajo ninguna circunstancia, alegar desconocimiento sobre la naturaleza ilegal de la operación que realizaban. ¿Cómo se puede confiar así en una institución teóricamente responsable de garantizar la administración de justicia?” Hasta aquí el editorial.
El Tribunal Superior de Justicia es uno de los muchos defraudados por Ficrea luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le retiró en diciembre pasado la autorización para seguir operando y los recursos de sus ahorradores fueron congelados, entre ellos los 90 millones del Poder Judicial de Coahuila, por lo que, a decir de abogados, se verá trastornado el mejoramiento de la administración de la justicia ante la falta de esos recursos. Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea y prófugo de la justicia tiene una orden de aprehensión por un presunto fraude de dos mil 700 millones de pesos y vivía como magnate con los ahorros de empresas, instituciones públicas y personas físicas.
Ficrea es una pieza del rompecabezas nacional del que también forman parte Ayotzinapa, el estado fallido de Michoacán, el fracaso de la reforma educativa en Oaxaca, la violencia en Guerrero, el contratista favorito del gobierno y las casas de la primera dama y el secretario de Hacienda, las decisiones fallidas del Ejecutivo y el Legislativo, los rezagos del Judicial, las megadeudas de los estados, las movilizaciones de los grupos ciudadanos y el hartazgo colectivo, entre muchos otros. Al respecto, René Delgado reflexiona: “Otra vez el país trae el cuchillo entre los dientes preguntándose no quién la debe, sino quién la paga. ¿Cuántos muertos más se requieren para sacudir la conciencia nacional? Transcurren los días al ritmo de la cuenta regresiva que presagia una tragedia superior a la sufrida y la clase política sonríe ante el botín electoral”.
Definitivamente amigo radioescucha, tiene razón Julio Madrazo cuando escribe en El Financiero: “México no merece empresas como Ficrea, no merece actos vandálicos ni los crímenes, corrupción e impunidad de Ayotzinapa. Hay que trabajar desde todos los ámbitos para garantizar que México no sea eso y que el país no es Ficrea”. Cierto: todos tenemos una responsabilidad compartida y es tiempo de asumir el compromiso por la Patria: la sociedad exigiendo, proponiendo y colaborando y la autoridad cumpliendo con ética, eficiencia y honradez.