Por Alejandro Buendía
En La Laguna urge una contraloría ciudadana. Un órgano que, por su independencia, vigile la actuación de las administraciones públicas y señale irregularidades y actos de corrupción que se cometan, principalmente, en el ejercicio de los recursos públicos.
¿Qué es una contraloría ciudadana?
Una contraloría ciudadana es un órgano conformado con personas ajenas a la nómina gubernamental que dedican parte de su tiempo en vigilar la actuación de las dependencias públicas. En ese sentido, el sueño radica en construir una organización que, con procesos bien detallados, consolide un bloque ciudadano que ayude a hacer más eficiente el uso de los recursos y que promueva la transparencia y la rendición de cuentas.
En Saltillo, por ejemplo, ya opera una contraloría, nacida durante la administración de Manolo Jiménez Salinas, sin embargo, ésta se conforma por personas que arraigadas a la administración municipal o que sus únicos antecedentes laborales son desde puestos de gobierno. De esta manera, pese a que la contraloría ha generado buenos resultados en la vigilancia de obras de mantenimiento, no ha hecho señalamientos puntuales sobre presuntos actos de corrupción o irregularidades en los procesos. La organización, al final de cuentas, no es independiente a los intereses del ayuntamiento.
La soñada contraloría ciudadana
¿Qué pasaría si existiera un organismo no gubernamental, totalmente independiente, con integrantes con capacidad de demostrar probidad, honestidad e inteligencia, para vigilar, señalar y proponer mejoras en los municipios laguneros?
Sólo hace falta observar el apartado de transparencia del ayuntamiento de Torreón para darse cuenta que las obras siempre caen en las mismas manos, que éstas, con el paso del tiempo, no son de calidad porque se deterioran rápido, que no existen proyectos transversales y transexenales que le den seguimiento a ideas que verdaderamente cambien la dinámica social y económica que tiene hundida a la región lagunera.
Una contraloría ciudadana ayudaría a democratizar la gestión pública, a promover la participación ciudadana, a mejorar el enlace entre las personas y las autoridades, a reducir, lo máximo posible, que un individuo en situación de poder saque ventaja para satisfacer intereses personales.
Las fugas de dinero en las administraciones municipales de la Comarca Lagunera son más que obvias. El gasto corriente de cada uno de los gobiernos deja muy poco margen para la inversión pública. Los sindicatos, el personal excesivo y los procesos burocráticos hacen de nuestros gobiernos entidades ineficaces, costosas y opacas.
Con una contraloría ciudadana, elegida por la misma sociedad civil y apoyada por el Cabildo en materia de organización en los procesos de reclutamiento del consejo, ayudará a construir equilibrio entre las decisiones del alcalde o alcaldesa en turno con los intereses reales de la ciudadanía.
Urge que los gobiernos sean más horizontales, que tengan visión periférica y que sean más cercanos a las personas.
Actualmente, el pretexto de la ciudadanización se cumple con sociedades que hacen los gobiernos con cámaras y organismos empresariales, mismos que cooptan las inversiones, paralizan los tabuladores salariales y se reparten el pastel en materia de contratación y proveeduría en muy pocas manos, beneficiando de esta manera a los monopolios, las malas prácticas y los manejos oscuros.
La idea de ciudadanizar no se trata de satisfacer intereses políticos y económicos de las cúpulas privadas, sino derramar bienestar, desarrollo y certidumbre entre las personas de todas las clases sociales.
Pensemos, diseñemos y ejecutemos una contraloría ciudadana que le de visión y reflector a lo que se hace en las entrañas de las administraciones públicas. Ya no es momento de simular, de proponer y de no cumplir, es momento de que los ciudadanos nos organicemos, construyamos el proyecto, más allá de ideologías y filias políticas y/o partidistas, y caminemos juntos en pro de administraciones públicas justas, eficaces, transparentes y receptivas.
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