La más reciente información presupuestal de Gómez Palacio causó preocupación. Mientras Torreón mantiene indicadores positivos y se ubica entre las ciudades más seguras del país, del lado duranguense el panorama es distinto. La ENSU muestra una brecha cada vez más amplia entre ambas entidades, resultado de estilos de gobierno divergentes y de niveles muy distintos de coordinación institucional. Por eso, la noticia de que Gómez Palacio tendría menos recursos para Seguridad en 2026 encendió de inmediato las alertas, aún cuando la autoridad municipal señaló que no será así. No obstante, la IP lagunera expresó su inquietud al Cabildo de Torreón, advirtiendo que un debilitamiento de la estrategia en el municipio vecino inevitablemente impacta a toda la Zona Metropolitana. La seguridad, hay que decirlo, no entiende de fronteras municipales.
Tal situación ocurre justo cuando Gómez Palacio enfrenta episodios delictivos más complejos que el resto de la región. Resultaría incomprensible que, en lugar de fortalecer las capacidades policiales, la vigilancia y la tecnología, se diera un giro en sentido contrario. A ello se suman las voces empresariales que han denunciado que las extorsiones continúan, lo que vuelve aún más sensible cualquier decisión que reduzca recursos en un momento crítico.
La preocupación expresada por la Iniciativa Privada no es exagerada: la seguridad regional depende de la solidez de cada municipio. Torreón ha insistido en que una Zona Metropolitana segura solo puede construirse si todos los gobiernos mantienen estrategias firmes, inversiones estables y cooperación continua. Cuando uno de los municipios baja la guardia, los efectos se sienten en todas partes. Es un asunto de inteligencia colectiva, no de protagonismos. Y por eso esta reducción presupuestal, en caso de ser así, debe analizarse con seriedad y sin cálculos políticos, entendiendo que la estabilidad económica y social de La Laguna depende, en gran medida, de mantener a raya a la delincuencia.
Frente a este escenario, la responsabilidad del gobierno municipal de Gómez Palacio se vuelve aún mayor. Con menos recursos, la obligación es utilizarlos con total rigor, priorizando vigilancia, prevención, profesionalización y tecnologías que rindan resultados. También será indispensable una coordinación estrecha con las autoridades estatales, federales y con los municipios laguneros del lado coahuilense, que han demostrado que la estrategia compartida funciona. Pero nada de esto será suficiente si no se fortalece la relación con la ciudadanía, sus organizaciones y los grupos empresariales, quienes no solo vigilan, sino que aportan información clave para mejorar la seguridad.
Definitivamente, amigo radioescucha, Gómez Palacio no puede permitirse retroceder en una materia tan delicada como la seguridad. La región ha avanzado demasiado como para dejar que decisiones presupuestales pongan en riesgo esa ruta. El llamado es claro: que cada peso destinado a proteger a las familias gomezpalatinas se ejerza con responsabilidad, transparencia y visión metropolitana. Solo así evitaremos que el esfuerzo conjunto de toda La Laguna se vea comprometido por la falta de prioridad en un tema que lo es todo: la tranquilidad y la vida de quienes aquí vivimos.