El Congreso de Coahuila publicó hace unos días la convocatoria para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Fiscalía General de Coahuila. A ese llamado, que estuvo dirigido a Universidades, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales y la ciudadanía en general, se presentaron 12 candidaturas. Posteriormente al debido proceso, el Pleno del Congreso nombrará a más tardar el 8 de octubre a la persona que ocupará el cargo por los siguientes 7 años.
Durante el período del Fiscal Titular saliente, Jesús Homero Flores Mier, fueron abiertas poco más de 820 carpetas de investigación desde el 2015 hasta el 2023. El 50% de estos casos fueron resueltos por la vía de acuerdo de reparación del daño, suspensión por tiempo determinado en el ejercicio público o aplicación de medida cautelar. Para bien o para mal, ninguna persona fue encarcelada por delitos de corrupción.
Además, fueron muchos los casos sin resolver y los resueltos no fueron los más emblemáticos. Entre los que quedaron sin resolver, por ejemplo, se encuentran investigaciones sobre las administraciones municipales de Monclova, Parras, Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Frontera y Matamoros, así como de las regiones Carbonífera y Norte. Igualmente, se mencionan investigaciones en más de la mitad de los 38 municipios de la entidad, principalmente por denuncias de la Auditoría Superior del Estado.
Esta situación genera un claro problema de percepción. Los casos más resonados y que involucran a varios alcaldes y a los gobiernos estatales de los hermanos Moreira, no han sido resueltos. Asimismo, otros como la adquisición de camiones a precios elevados en Frontera y las irregularidades en el manejo de fondos públicos en Torreón tampoco han sido completamente investigados. Esto genera la impresión de que no se hizo nada, aunque sí se haya hecho y afecta la confianza pública en la efectividad de la Fiscalía y en general en todo el Sistema Anticorrupción.
Definitivamente amigo radioescucha, es fundamental encontrar un buen perfil para el cargo. Y aunque no es un requisito indispensable, llama la atención que ninguno de los 12 inscritos sea especialista en materia penal. Más allá de ese detalle, quien resulte electo deberá tener la capacidad de enfrentar los desafíos de la corrupción con eficacia y transparencia, restaurando la confianza pública en las instituciones y asegurando que los casos de corrupción sean investigados y resueltos de manera justa y expedita; y sin pretextos.