Solo falta voluntad

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló, a través de un estudio basado en informes de la Auditoría Superior de la Federación, que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han detectado 242 mil 64 millones de pesos con irregularidades que no pudieron ser justificadas entre 2019 y 2022. En el último año, más de 29 mil millones de pesos resultaron no aclarados ni justificados, evidenciando una preocupante falta de transparencia en la gestión gubernamental.

El órgano contralor realizó en total 2 mil 153 auditorías individuales, examinando solo una muestra representativa del presupuesto. A partir de ellas se compiló un conjunto de observaciones que fueron recogidas en un pliego de “probables daños a la Hacienda Pública Federal”. A pesar de los procesos abiertos para aclaratorias, el 90% de los casos no lograron demostrar la legalidad del gasto, lo que plantea serias dudas sobre el destino de estos recursos.

De acuerdo con el Informe, los gastos federalizados, que son los ejecutados en coordinación con municipios y estados, hay casi 22 mil millones de pesos de irregularidades pendientes. Las entidades federativas con mayor monto total por aclarar las encabezan Durango en el primer lugar con 3 mil 972 millones de pesos, Baja California Sur con 2 mil 345 millones y el Estado de México con mil 436 millones de pesos.

Asimismo, dentro del Gobierno Federal, se identificaron 6 mil 848 millones de pesos en irregularidades. Para contextualizar, esta suma es cinco veces mayor que el presupuesto que la Fiscalía General de la República destina a combatir la delincuencia organizada. Para mostrar un ejemplo, en la Auditoría de Cumplimiento signada con el número 247, se descubrió que 327 millones de pesos del programa de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural y que debían ser entregados a víctimas de desastres como el huracán Agatha en Oaxaca, se gastaron sin que el gobierno tuviera ningún registro.

Definitivamente amigo radioescucha, la supuesta austeridad y el pregón de la finalización de la corrupción es una farsa. Comparando con la administración anterior de Enrique Peña Nieto, donde el 64% de las irregularidades quedaron sin resolver, la gestión actual muestra un 76% de impunidad en cuatro años. Por ello, más allá de las palabras, es necesario implementar acciones contundentes que impidan que los recursos públicos puedan ser expoliados. El diagnóstico existe y la tecnología también, solo falta voluntad.



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