Torreón, Coahuila (10/02/2015).– El tesorero municipal, Enrique Mota Barragán, aseguró que se esperará a la resolución final del tribunal federal sobre la acusación que el senador por Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández interpuso en contra del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, por la retención de cuotas voluntarias de los empleados del Ayuntamiento de Torreón en beneficio del Partido Revolucionario Institucional y de la Fundación Colosio
Al ser cuestionado en el programa Contextos sobre la presunta utilización de la infraestructura del Ayuntamiento, que señala el documento de la medida cautelar del tribunal y la precisión de que el municipio no tiene la atribución ser organismo recaudador de un tercero, el funcionario comentó:
«Estás haciendo una interpretación, juzgando; lo que allí viene no es una resolución.. Yo no puedo dar una interpretación a una resolución que para mi no es la definitiva, porque nosotros como autoridad nos regulamos por leyes y por resoluciones de carácter judicial. Puede ser una postura de uno de los magistrados, sin embargo no del pleno del Tribunal. No tiene la fuerza de una sentencia definitiva».
Mota Barragán añadió que hasta el momento no se les ha permitido presentar los recursos legales, solamente documentales y recordó que faltan varias instancias, incluso, dijo, faltan años para que se resuelva; sin embargo confirmó que será la Secretaría del Ayuntamiento, a través de su Dirección Jurídica quien realice la defensa correspondiente.
Reiteró que de momento sólo existe una medida cautelar y, en respuesta a ese decreto, desde diciembre del año pasado se suspendió la entrega de dichas cuotas, además de que no se está ocultando la información de las transferencias.
El funcionario hizo un llamado al senador Salazar a que «se conduzca con la verdad», al referir que también es falsa la percepción de que se trata de recursos públicos, al reiterar que salieron del patrimonio de los trabajadores, procedimiento que se apega a las transacciones descritas en el capítulo 1000, en el que se especifica que, de manera voluntaria, los trabajadores pueden solicitar por escrito que se descuente cualquier amortización, ya sea para el pago de un crédito o aportación.
Sobre si, a la fecha, algún trabajador ha reclamado por la retención de estas cuotas, el tesorero dijo que no tiene en su poder ninguna carta de desistimiento, requisito necesario para que el municipio pueda actuar en consecuencia.
Finalmente, el tesorero municipal confirmó que en caso de un fallo en contra de la administración, la responsabilidad directa sería de él:
«Las cartas fueron dirigidas a un servidor y por ende al alcalde, pero a mi juicio muy personal, el alcalde no tiene ninguna vinculación en este tema porque yo, Enrique Mota, fui quien ejercí las atribuciones para la administración de la nómina y quien dio la instrucción particular de que en un momento se llevara a cabo. En caso de que el Tribunal determine la responsabilidad directa, deberá recaer sobre mí, porque yo fui quien dio la instrucción».
