Durante años, miles de ciudadanos de Torreón han padecido un sistema de transporte público cada vez más deteriorado. Esperas interminables bajo temperaturas extremas, rutas abandonadas, unidades viejas y un servicio que simplemente dejó de responder a las necesidades de la población. Lo más grave es que esa crisis se volvió cotidiana. Mientras en 2020 circulaban alrededor de 500 camiones urbanos, hoy apenas operan cerca de 250. La consecuencia ha sido evidente: más personas optan por comprar automóviles o motocicletas, saturando las vialidades y aumentando la contaminación. En una ciudad que aspira a ser moderna y competitiva, el transporte público no puede seguir funcionando como si fuera un problema secundario.

Por eso, la decisión del Cabildo de Torreón de cancelar 85 concesiones de autobuses urbanos debe entenderse como una medida necesaria y, sobre todo, largamente esperada. De acuerdo con la información oficial, las concesiones correspondían a rutas que permanecían fuera de operación desde hace años, sin justificación alguna, además de presentar incumplimientos fiscales y utilizar unidades que ya no cumplían con las condiciones legales y reglamentarias. Lejos de tratarse de un acto arbitrario, el proceso derivó de un procedimiento jurídico iniciado desde finales de 2023, luego de los conflictos y paros que dejaron a miles de usuarios sin servicio.

Durante demasiado tiempo, algunos concesionarios parecieron olvidar que una concesión no es un privilegio eterno, sino una responsabilidad pública. El transporte urbano existe para servir a la ciudadanía, no para mantener permisos guardados, acaparados o convertidos en instrumentos de presión política y económica. Resulta difícil justificar que mientras las tarifas se han seguido incrementando, el servicio continua deteriorándose. La molestia social no surgió solamente por el costo, sino por la sensación de abandono. Hay colonias donde las rutas prácticamente desaparecieron y trabajadores que deben invertir horas diarias simplemente para trasladarse. En esas condiciones, exigir cumplimiento no sólo es válido; es indispensable.

Naturalmente, cancelar concesiones no resolverá por sí solo el problema de movilidad en Torreón. El verdadero reto comienza ahora. La autoridad deberá garantizar que las nuevas licitaciones realmente privilegien a quienes estén dispuestos a invertir, modernizar unidades y ofrecer un servicio digno. La ciudad necesita un sistema de transporte confiable, eficiente y seguro, capaz de competir con el automóvil particular y no empujar a más personas hacia él. Además, será fundamental mantener vigilancia permanente para evitar que las nuevas concesiones repitan los vicios del pasado. La modernización del transporte no puede quedarse en el discurso ni convertirse en otro proyecto que avance lentamente mientras la ciudadanía sigue pagando las consecuencias.

Definitivamente, amigo radioescucha, pocas cosas afectan tanto la calidad de vida de una ciudad como un mal sistema de transporte público. El tiempo perdido en los traslados, el estrés cotidiano, el aumento del tráfico y la contaminación terminan golpeando la productividad, la salud y hasta la convivencia social. Por eso, aunque las decisiones de este tipo suelen generar polémica, resulta positivo que las autoridades comiencen a enviar un mensaje claro: las concesiones deben servir a la ciudadanía y no al revés. Torreón necesita recuperar la confianza en su transporte urbano, y eso sólo será posible si se entiende que la movilidad no es un negocio cualquiera, sino un servicio esencial para el funcionamiento y el futuro de toda la ciudad.