La salida de Alejandro Gertz Manero marcó el fin de una gestión tan polémica como prolongada. Desde su llegada en 2019, la Fiscalía General de la República nunca logró consolidar la autonomía que prometía la reforma de 2014. Los hechos muestran que la Fiscalía nació débil y no resistió la presión política del poder Ejecutivo. La dimisión de Gertz —y su inminente nombramiento como embajador— confirma que la autonomía transexenal quedó, en los hechos, como un espejismo institucional. Su paso por la FGR dejó interrogantes sobre la imparcialidad en casos emblemáticos y la persistente impunidad que supera el 90%. Este es el contexto real en el que ocurre el relevo.
En este marco, el Senado eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR. Su designación, que recibió un apoyo mayoritario del bloque oficialista, confirmó un proceso sin sorpresas. Desde que Claudia Sheinbaum envió la terna, el favoritismo hacia Godoy fue evidente, tanto por su cercanía política como por los cargos que ha ocupado en gobiernos de Morena. La oposición calificó el procedimiento como una “simulación”, argumentando que el resultado estaba decidido desde Palacio. Tales cuestionamientos no son menores: la conducción de la Fiscalía exige independencia no sólo formal, sino real, frente al poder que debe vigilar.
Ernestina Godoy ha prometido una Fiscalía de puertas abiertas, sin fabricación de culpables ni persecución política, pero también sin impunidad. Ofreció poner al centro a las víctimas y garantizar investigaciones imparciales, un discurso que generó ovaciones entre legisladores oficialistas. Sin embargo, su trayectoria revela un reto mayor: demostrar que su cercanía con dos presidentes —López Obrador y ahora Sheinbaum— no impedirá que investigue con la misma determinación los casos donde puedan aparecer figuras del propio movimiento en el poder. La legitimidad de su gestión dependerá, en buena medida, de su capacidad para romper con la percepción de dependencia política.
Los pendientes que deja Gertz Manero son enormes. Más allá de los escándalos personales, su gestión no logró reducir la impunidad estructural del país ni garantizar una procuración de justicia efectiva. Casos emblemáticos quedaron inconclusos o fueron conducidos bajo criterios cuestionados. Se va, además, señalado por haber utilizado su poder para venganzas personales y protección de aliados . Hoy, con casi 95% de delitos sin castigo, la Fiscalía enfrenta desafíos que requieren algo más que lealtad política: requieren profesionalismo, independencia y resultados verificables. De ello dependerá que la institución deje de ser un instrumento del poder en turno.
Definitivamente, amigo radioescucha, el país necesita una Fiscalía que funcione. No una Fiscalía alineada a un partido, sino una institución capaz de garantizar justicia sin sesgos, porque la paz pública depende, en buena medida, de la confianza en quien investiga y persigue los delitos. Podemos simpatizar con un proyecto político o discrepar de él, pero la justicia no puede depender de esas afinidades. Si Ernestina Godoy quiere honrar su compromiso con las víctimas y con México, deberá demostrar, desde el primer día, que la FGR trabaja para la ciudadanía y no para el poder. Eso es lo que el país merece y lo que debemos exigir.