Jessica Ayala Barbosa

Torreón, Coahuila (16/12/2019).- Álvaro Cárdenas, cofundador de la asociación civil Formemos acusó a las autoridades municipales y estatales de estar poniendo trabas a los juicios de amparo que la organización interpuso contra la instalación de cámaras de reconocimiento facial bajo el argumento de que violan el derecho a la privacidad.

Las autoridades respondieron que no es cierto que instalaron estas cámaras. El informe que rindió Sergio Lara a nombre de Zermeño dice que no es cierto que ellos se coordinaron con el Gobierno estatal, como lo han dicho ampliamente, para instalar estas cámaras. También tenemos el informe rendido por el Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, en el que niega que él opera estas cámaras a través del C4″, aseguró.

Explicó que al negar la instalación el juez no puede determinar la suspensión y la asociación tiene que buscar una manera de probar que es cierto.

Es un hecho notorio que que están instaladas, pero las autoridades con el afán de dilatar el juicio de amparo, están negando las cosas. Se están poniendo trabas en el juicio de amparo para hacerlo más lento».

Calificó la estrategia como poco ética, pues a través de los medios de comunicación han difundido ampliamente la inversión:

O están mintiendo en el juicio de amparo o están mintiendo en que de gastaron mil millones de pesos en la instalación de un sistema de reconocimiento facial; la realidad es que están utilizando medios poco éticos para dilatarlos, entonces, ¿qué están escondiendo?».

El joven activista detalló que interpusieron cinco amparos buscando la jurisprudencia y esperarán a ver la respuesta y comportamiento de las autoridades para continuar con los otros y generar una estrategia jurídica mucho más integral.

Los que estamos preparando son colectivos, tenemos un grupo de personas que están listas y dispuestas a defender sus libertades y derechos».

Puntualizó que la asociación no está en contra de una política de seguridad, al contrario, «nosotros queremos una ciudad pujante y segura, pero eso no significa que tengan que pasar por los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Torreón».