Leonor Gómez Barreiro
El pasado 28 de junio, los diputados del Congreso de Coahuila aprobaron la reforma constitucional y la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en medio de constantes señalamientos de la Alianza Anticorrupción Coahuila (organismo ciudadano que concentra a 109 agrupaciones de la sociedad civil) por la falta de transparencia y espacios acotados de participación ciudadana.
Un día antes, en sesión extraordinaria y a puerta cerrada, se discutió el dictamen final de la ley anticorrupción que después se votaría de forma polémica por la LX Legislatura, ante la presencia de algunos representantes de organizaciones y lideresas del Partido Revolucionario Institucional que ingresaron al Palacio Legislativo.
La Comisión Especial del Proceso de Armonización Legislativa Local sobre el Sistema Estatal Anticorrupción integrada con José María Fraustro Siller, coordinador; Antonio Nerio Maltos, secretario; Jesús de León Tello, Sergio Garza Castillo, Gilberto Ordaz Rocha, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, Luisa Ivone Gallegos Martínez, Claudia Eliza Morales Salazar, Luis Gurza Jaidar, Irma Leticia Castaño Orozco y Martha Hortensia Garay Cadena; fue la responsable de analizar y debatir, la normativa que pretende combatir la corrupción, en una entidad que es referente nacional de impunidad y endeudamiento del sector gubernamental.
Sin embargo, durante todo el proceso del diseño de la ley hasta su aprobación final, la Alianza Anticorrupción Coahuila tuvo espacios acotados de participación. Los pocos que existieron se lograron gracias a la presión social ejercida, y no por la labor del legislativo.
El Sistema Nacional Anticorrupción pone a la sociedad civil en el eje rector del combate a la corrupción, pero en Coahuila sucedió lo contrario. Las puertas del Congreso permanecieron cerradas en momentos de discusión de suma relevancia, las organizaciones denunciaron actos intimidatorios e insultos por parte de lideresas del PRI que ingresaron al Palacio Legislativo al momento de aprobar la ley; y las propuestas más importantes como la revocación de mandato y la participación de la ciudadanía en las designaciones de puestos clave quedaron fuera de la normativa.
En Coahuila tenemos un Congreso cerrado que favorece la impunidad, la opacidad e inhibe la participación ciudadana. Estas condiciones sólo sirven para propiciar más corrupción en lugar de combatirla.
