El investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo Quesada lo dijo ayer en Contextos: la falta de precisión en la información, sobre todo tratándose de números, genera una mayor desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones de gobierno, lo que es aplicable, no sólo al tema relativo a los restos humanos encontrados en el ejido Patrocinio, al que se refería el intelectual, sino a todos los ámbitos de la vida pública, en particular con respecto a la deuda de los estados, donde Durango –al igual que Coahuila- está dando de qué hablar.
Hasta el pasado mes de junio, Durango se ubicaba en la media tabla de las entidades endeudadas con un pasivo de 6 mil 500 millones, pero ya era la entidad que mayor aumento de deuda pública registró del segundo trimestre de 2015 al mismo periodo de 2016, con el 31.4%. Dos meses después, la todavía tesorera estatal Cristina Díaz, aseguró en Contextos que la deuda que dejaría la administración de Jorge Herrera Caldera a la de su sucesor José Rosas Aispuro, sería de 8 mmdp, incluyendo los pasivos bancarios a largo y corto plazo, así como a proveedores.
Sólo que la entonces secretaria estatal de Finanzas se quedó corta, pues su sucesor, Jesús Arturo Díaz Medina, dijo que la deuda asciende a 15 mil millones de pesos y que aumentó 500% durante los seis años del gobierno anterior. El funcionario aseguró que ese monto compromete al estado con obligaciones financieras hasta 2038 y advirtió que ya se está investigando para determinar si se incurrió en irregularidades para actuar en consecuencia contra los exservidores públicos que resulten responsables.
Al respecto, el exdiputado local priísta, Juan Ávalos, dijo ayer en Contextos que la información que tenía el Congreso duranguense, era de un pasivo por 8 mil millones de pesos, por lo que, al revelar la cifra de 15 mil millones, reconoció que fueron engañados, aunque cabe recordar que una de las principales funciones de los legisladores es la estricta vigilancia del manejo de los recursos públicos, una tarea que, evidentemente no cumplieron los diputados duranguenses ni los de la mayoría de los estados del país, que han visto incrementar sus deudas en forma excesiva, sobre todo en los últimos meses de los gobiernos donde hubo alternancia, destacando Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
En promedio, cada mexicano tendría que pagar 3 mil 800 pesos para saldar la deuda de su estado; sin embargo, separando cada entidad federativa, en los extremos se ubican Tlaxcala y Coahuila: los tlaxcaltecas no tendrían que pagar nada, ya que no hay pasivos por liquidar; en contra parte, cada coahuilense debe 12 mil 400 pesos, ya que la deuda estatal asciende a 37 mil millones, de acuerdo con el reporte sobre endeudamiento público de estados y municipios hasta el segundo trimestre de 2016, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Definitivamente amigo radioescucha, la desagradable sorpresa que se llevaron los duranguenses por el excesivo endeudamiento de su estado, es similar a la de todos los demás ciudadanos cuyos gobiernos, además de incrementar la deuda financiera, adquirieron una costosa deuda social, ésta, aún más difícil de pagar lo que conlleva la responsabilidad cívica de exigir una respuesta puntual de dónde está la transparencia y cuál es el destino real de esos recursos, con información precisa y puntual que permita la posibilidad de recuperar la confianza y la credibilidad perdidas.
