El nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, sigue siendo el centro de críticas de analistas y medios nacionales y extranjeros. Así, por ejemplo, Lorenzo Meyer publicó ayer: «Asignar a un amigo del amigo del presidente la tarea de investigar al presidente no resuelve el problema de credibilidad, lo hace más visible», mientras que la revista británica The Economist, advierte: “En principio, es positivo que EPN acepte que se le investigue a él, a su esposa y a su secretario de Hacienda; lo que ya no es aceptable es cómo se dará contenido a esa investigación ni el personaje que encabeza a la SFP por sus antecedentes”. Dos botones de muestra que ponen énfasis en el error de tratar de resolver una anomalía, cometiendo otra.
La resurrección de la Secretaría de la Función Pública, además de su nuevo titular, es otro desliz del actual gobierno que ya la había desaparecido dos años atrás, con la promesa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción que falta ver, como dice la columna Templo Mayor, “sí será un auténtico instrumento de legalidad o una nueva maniobra de simulación y apantallaje”. Esto va a depender de la Cámara de Diputados, otra institución muy desacreditada y carente de confiabilidad ciudadana, porque hasta hoy, ni el Legislativo ni el Ejecutivo han tenido éxito en sus intentos –que han sido más bien simulaciones- por combatir la corrupción, un lastre que, si bien, no es privativo de esta administración federal, sí lo ha hecho más pesado.
Al respecto, Enrique Berruga Filloy en su Anatomía de la corrupción escribió ayer: “Al gobierno de Peña Nieto se le acumularon las capas geológicas de muchas décadas de abusos en nuestro país. El fastidio de la población con una casta política corrupta y cada vez más cínica en su manera de robar y de gastar sus ganancias mal habidas, ha llegado a un límite intolerable”. El internacionalista hace referencia a las investigaciones y las revelaciones de los medios nacionales y extranjeros que, aun cuando no han tenido ningún efecto legal, han sido eficaces para arrinconar a los políticos corruptos y exponer las riquezas inexplicables que poseen, pero sobre todo “para movilizar a la población en el clamor de que ya le paren”.
Analistas coinciden en que exhibirlos públicamente es sólo el primer paso, pero no debe ser el único porque los inculpados responderán como siempre: “compruébenme que he hecho algo ilegal, aunque sea moralmente inaceptable o políticamente repudiable”. A final de cuentas, hasta hoy la impunidad sigue siendo la corona de la corrupción. Por ello, como proponen organismos cívicos de la talla de Transparencia Internacional y su filial mexicana, el sistema anticorrupción debe conducir a la cárcel y a la devolución de las riquezas que son de la nación. Pero lo más importante: un sistema que no dependa del sistema gubernamental.
Adela Navarro escribió para el portal Sin embargo: “Existe una Comisión de Ética Gubernamental, pero, obvio, no en México. Los estados de la Unión Americana y el propio gobierno asentado en la Casa Blanca tienen sus Oficinas para la Ética Gubernamental cuyo lema es: ‘Previniendo el conflicto de intereses en la liga ejecutiva’. En México se debería supervisar a los funcionarios, a accionar en favor del buen gobierno y no del negocio privado o el interés particular. Ya sé, mera ilusión. Idealismo vil y llano. Pero pues uno que todavía quiere creer, pese a ver que al peñato le falta ética, concepto que en la práctica es la única vía para legitimar a un gobierno”. Hasta aquí Navarro.
Definitivamente amigo radioescucha, la locura de la que hablaba Albert Einstein, de hacer siempre lo mismo, pretendiendo obtener resultados diferentes, es similar a la de pretender que sea el mismo gobierno el encargado de acabar con el binomio maldito de corrupción e impunidad. Es absurdo. Lo conducente es que se integre un organismo independiente al gobierno, con personalidades de la sociedad civil de reconocido prestigio y probidad, que garantice un absoluto respeto a la justicia y al estado de derecho, con todo el apoyo de la comunidad nacional pensante y actuante que hará la gran diferencia entre la visión pasiva y la acción activa en el combate a la corrupción.