Jessica Ayala Barbosa

Torreón, Coahuila (201/12/2019).- El pasado lunes 16 de diciembre, Álvaro Cárdenas, cofundador de la asociación civil Formemos acusó a las autoridades municipales y estatales de estar poniendo trabas a los juicios de amparo que la organización interpuso contra la instalación de cámaras de reconocimiento facial.

En su señalamiento hacia la autoridad municipal, el activista detalló que “el informe que rindió Sergio Lara a nombre de Jorge Zermeño dice que no es cierto que ellos se coordinaron con el Gobierno estatal, como lo han dicho ampliamente, para instalar estas cámaras”.

Cuestionado al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván sostuvo que el Municipio negó el acto reclamado toda vez que está enfocado en la ilegalidad de las cámaras, pero éstas son de la autoridad estatal.

Las cámaras que se instalaron, pertenecen al Gobierno del Estado, al proyecto de vigilancia que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública está impulsando en diversos municipios de Coahuila. En tanto, la autoridad municipal no tuvo incidencia en el asunto (…) No tenemos ninguna participación y será un tema que tendrán que resolver a través de la autoridad competente, en este caso el juez de distrito”, enfatizó el funcionario.

Tras preguntarle si no es necesario que el Gobierno de Coahuila solicite ante el Ayuntamiento algún permiso para instalar las cámaras en la infraestructura urbana, como puentes y semáforos, Lara Galván explicó que existen convenios de colaboración interinstitucional en los que se establece la excepción de este tipo de trámites, no sólo en el tema de seguridad, sino también en muchos otros como movilidad y obra pública.

Por otra parte, recordó que el tema de seguridad “tiene aristas muy diferentes a cualquier otra situación de carácter gubernamental; hay circunstancias muy particulares en las que se dota de determinadas facultades a las autoridades para salvaguardar la paz social y la integridad física de los ciudadanos”.