Fue en febrero de este año cuando la hermana de Serymar Soto Azúa -asesinada presuntamente por su prometido el 28 de enero de 2017-, presentó una queja ante la CNDH, a fin de sentar un precedente a nivel local y nacional para que se legisle a beneficio de miles de niños hijos de víctimas de feminicidio en todo el país.